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Gobierno decreta que solo Consejo de Estado estudiará tutelas contra Presidencia

 Gobierno decreta que solo Consejo de Estado estudiará tutelas contra Presidencia

Vía decreto, el Gobierno dispuso que las tutelas contra la Presidencia que involucran erradicación de cultivos ilícitos o seguridad nacional sean estudiadas exclusivamente por el Consejo de Estado. Se les anuló la competencia a los juzgados regionales, los cuales venían emitiendo decisiones a favor de las comunidades afro, indígenas y campesinas.

El Decreto 333 del 6 de abril de 2021 es una realidad. El Ministerio de Justicia, en cabeza de Wilson Ruiz Orejuela, como lo anticipó El Espectador el pasado 29 de marzo, ya firmó el documento con el cual las tutelas contra actuaciones del presidente Iván Duque en materia de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos, serán estudiadas únicamente por el Consejo de Estado. La cartera de Gobierno les quitó la competencia a los juzgados regionales, que, en temas de erradicación, les había dado la razón a las comunidades que han exigido su derecho a la participación y al cuidado del medio ambiente.

El documento recién sacado del horno modificó, a su vez, tres artículos del Decreto 1069 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Entre los cambios, por ejemplo, se estableció que las acciones de tutela contra el contralor general, el procurador general, el fiscal general, el registrador nacional, el defensor del Pueblo, el auditor general, el contador general, el Consejo Nacional Electoral y las determinaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, serán competencia de los Tribunales Administrativos o Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Además, el ministerio de Justicia precisó -cuando ya se había referido a la totalidad de las tutelas- que las acciones que involucren asuntos de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos serán competencia exclusiva del Consejo de Estado. De acuerdo con Wilson Ruiz, en entrevista con este diario, la eliminación de cultivos de droga es un flagelo que afecta la seguridad nacional y alienta la violencia en los territorios, por tal razón, esas tutelas deben ser debatidos por una alta corte que refuerce la “desconcentración de la administración de justicia”.

En cuanto a la seguridad nacional, Wilson Ruiz aseguró que el presidente representa la unidad nacional y actúa como jefe de Gobierno y, por tanto, eso implica “que tenga a su cargo, entre otras obligaciones, la conservación del orden público en todo el territorio nacional. Para eso resulta importante definir reglas de reparto que refuercen la desconcentración de la administración de justicia, preserven la jerarquía funcional, y garanticen la unificación jurisprudencial y el interés general”.

Fuente: El Espectador

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