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Capturado funcionario del despacho de exprocurador Fernando Carrillo por presunta corrupción

 Capturado funcionario del despacho de exprocurador Fernando Carrillo por presunta corrupción

Tres abogados también son investigados, en calidad de intervinientes, por los posibles hechos irregulares.

En las últimas horas, en desarrollo de la estrategia investigativa para combatir la corrupción
en la administración pública, la Fiscalía en conjunto con la Dijín logró la captura de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba hasta el pasado
viernes, 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando
Carrillo, por incurrir presuntamente en el delito de concusión.

Este resultado hace parte de las indagaciones que adelanta el ente acusador contra algunos
servidores de esa entidad, que al parecer actuaban de manera ilícita en el despacho del ex
procurador general Fernando Carrillo.

La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el
primer semestre de 2020, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y
otras labores de policía judicial,
permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física
que evidenciarían la probable actuación irregular del servidor en los hechos ocurridos en
diciembre de 2019.

Para ese entonces, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de 2 personas, al
parecer exigió 300 millones de pesos a un senador de la República, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012.

El ente acusador determinó además que el hoy procesado presuntamente vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.

Por estos hechos la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en el ilícito de la exigencia económica, así como a una tercera abogada que sería la posible encargada de
presentar dichas tutelas.

Se presume que por lo menos desde junio de 2019 el funcionario estaría desarrollando la
actividad delictiva en detrimento de la entidad en la que labora

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