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Córdoba busca proteger a sus líderes sociales con política departamental

 Córdoba busca proteger a sus líderes sociales con política departamental

En contraste a las propuestas de garantías de protección y derechos de ejercer el liderazgo comunitario, los comunales denuncian acoso y asesinatos por parte de grupos armados.

Por Gudilfredo Avendaño Méndez

@GudilfredoAv

Puerto Libertador (Córdoba)

Con 279 campesinos e indígenas en condición de desplazados, siete líderes sociales asesinados en lo corrido de este año y 33 esquemas de protección a comunales, Córdoba estrena una política de defensa de derechos humanos y paz.

La nueva estrategia, enmarcada en una ordenanza de la Gobernación de Córdoba busca, además de brindar garantías de protección para ejercer el liderazgo en las comunidades, focalizar las regiones donde se agudiza el conflicto y desarrollar planes de inversión social.

Sin hacer tanto esfuerzo para encontrar las zonas afectadas por el orden público, el gobernador Orlando Benítez, reconoció a los municipios del sur de Córdoba como los más vulnerables a la violación de los derechos humanos.

Foto tomada de El Tiempo

La evidencia la muestra la actual situación. En San José de Uré, permanecen hacinados hombres, mujeres, ancianos y niños en una cancha deportiva a la espera de que las autoridades les brinden garantías para regresar a sus parcelas en la vereda La Cabaña, de donde tuvieron que salir en julio pasado por las amenazas de bandas criminales.

Huyeron después de que un grupo armado, al parecer caparros, asesinaran a una pareja de ancianos y a su hijo de 37 años. Como si se tratara de una retaliación por lo ocurrido, horas más tarde tres hombres fueron ultimados a tiros en la carretera que comunica a la cabecera urbana con la vereda en mención. De este último hecho señalan al clan de golfo como responsable.

Ayer se conoció el doble homicidio en inmediaciones de la vereda Batatal, en zona rural de San José de Uré.

Un agricultor y un miembro de la comunidad indígena serían las víctimas del hecho criminal repudiado por el gobernador Orlando Benítez, desde sus redes sociales.

La semana pasada fueron muertas a bala una mujer de 27 años y una menor de 12, en momentos en que practicaban ciclismo. El hecho ocurrió en Montelíbano, municipio limítrofe con San José de Uré.

Las autoridades creen que el hecho sería una retaliación ante una negativa de la mujer de pagar una extorsión.

El pasado 11 de septiembre murió en un atentado en las calles de Montelíbano, el líder social Cristóbal José Ramos Ayazo.

La víctima estaba acompañada de otra persona cuando fue sorprendida por sicarios en moto que les dispararon y huyeron sin rumbo conocido.

Ramos era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Clemen en Montelíbano, miembro de la Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá (Cordupaz) y aspirante al Concejo de su municipio en las pasadas elecciones locales.

Las amenazas tampoco cesan. El 25 de agosto pasado, y a través de un mensaje de texto, fueron intimidadas siete personas que ejercen cualquier tipo de liderazgo en sus comunidades.

Las amenazas llegaron mediante mensajes de texto y con nombre propio advierten sobre el asesinato de la gobernadora indígena Águeda Quiñones, Gustavo Copete, Juan Fernández, Israel Aguilar, Sandra Estrella, Alfredo Ramos y Andrés Chica. Este último es miembro activo y vocero de Cordobexia, que agrupa a líderes comunales y defensores de derechos humanos de los municipios que conforman el sur de Córdoba.

Para el caso de Águeda Quiñones, advierte que esta es la segunda amenaza en su contra en lo corrido de este año. La primera ocurrió el pasado 13 de abril con la misma modalidad.

En cuanto a Andrés Chica, es quizás el líder social más amenazado en los actuales momentos en Córdoba, por su liderazgo en la defensa de las comunidades vulnerables del sur de ese departamento.

En reiteradas ocasiones ha sido objeto de las intimidaciones, lo que le ha valido ser resguardado por las autoridades, incluso ha tenido que salir de su región ante el alto nivel de vulnerabilidad.

En sus respuestas a los medios de comunicación cada vez que ocurre este tipo de amenazas, Chica asegura que grupos ilegales que disputan extensos territorios para el control del negocio del narcotráfico son los responsables de estas acciones violentas.

Los anuncios

Además de la presencia de actores armados, líderes sociales amenazados y campesinos desplazados, el sur de Córdoba es visitado con frecuencia pro funcionarios de alto nivel que llegan con anuncios de prosperidad y control, territorial.

El defensor del Pueblo Carlos Camargo, participó recientemente de la firma de la ordenanza que da facultades al gobernador para implementar estrategias de protección e inversión como garantía para la defensa de los derechos humanos.

Lo hizo en la plaza pública de Puerto Libertador y luego se reunió con los líderes en San José de Uré. Allí escuchó la problemática que viven y garantizó acciones en defensa de estas personas.

“Nuestros pueblos no pueden ser sometidos bajo ningún yugo, mucho menos el de la violencia, con el que esta tierra ha sido vilmente atacada y azotada por los violentos”, aseguró Camargo.

Los relatos de los comunales los tomó como base para dar impulso a la ordenanza del Gobernador.

“Imposible no conmoverse al escuchar estas historias de vida de cada víctima sobre las amenazas que origina desplazamiento y confinamiento de poblaciones vulnerables”, concluyó Camargo.

Una semana antes también visitó a San José de Uré, el alto Consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín Cotrino.

Su principal anuncio fue la protección de las víctimas y la persecución de los cabecillas de las bandas delincuenciales, a quienes acusó como los directos responsables de las acciones violentas en la zona.

“La orden del Presidente de la República es dar máxima prioridad a la protección de la población. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen la instrucción de brindarles las condiciones para que retornen a sus lugares de trabajo y de vivienda”, aseguró Guarín.

SEPTIEMBRE 23 DE 2020

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